Articulo informativo: Incapacidad y discapacidad

Para comenzar a hablar de incapacidad y sus categorías, debemos distinguirla de la minusvalía de la persona.

El certificado de discapacidad es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando la minusvalía supera el 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda que dependen del grado de minusvalía reconocido.

La incapacidad permanente se da en el trabajador que, después de haberse sometido a tratamiento médico, ha sido dado de alta pero presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. No impedirá tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Valoraciones de la incapacidad y de la discapacidad

El grado de discapacidad se expresa en porcentaje, entre el 0 y el 100%, aunque se necesita un mínimo de 33% para poder ser reconocida como minusvalía. Además de la propia discapacidad se pueden sumar hasta 15 puntos por factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona (entorno familiar, situación laboral, educativa o cultural).

El Real Decreto 1971/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía establece que para adquirir el grado de minusvalía hay que someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce dicho grado. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función. Dicho tribunal examinará los informes médicos, psicológicos y/o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía de la persona en cuestión, que puede ser revisado en los dos años siguientes a su reconocimiento, ya sea por mejoría, empeoramiento o error de diagnóstico.

La incapacidad permanente se divide en cuatro tipos, que dependen de la minusvaloración que padezca el trabajador para poder desempeñar su trabajo.

El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social determina que la incapacidad permanente se valora a través del examen de un tribunal médico oficial, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que evalúa, califica y revisa la incapacidad y reconoce el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad permanente, en sus distintos grados, además de determinar las contingencias causantes de la misma.

En ambos casos, las pautas de valoración de la minusvalía o incapacidad no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria en la minusvalía y del trabajo laboral en la incapacidad permanente. Ambos supuestos son compatible y no excluyentes.

Grados de discapacidad

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

Tipos de Incapacidad Permanente

  • Incapacidad permanente parcial. Será la que ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su profesión, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma, de manera que podrá seguir ejerciendo su trabajo. Para que haya incapacidad el rendimiento ha de experimentar una disminución sensible o lo suficientemente acusada grave y manifiesta, siendo incapacitante la lesión que, sin impedir al accidentado los quehaceres de su oficio implique un menor rendimiento cuantitativo o cualitativo, o mayor penosidad o peligrosidad. No hay incapacidad si, aun dificultado, las lesiones no afectan al rendimiento de otros muchos puestos de trabajo correspondientes a la misma categoría. Un ejemplo sería la pérdida de un dedo para un trabajador de una oficina.

Los requisitos para acceder a esta incapacidad son estar dado de alta o en situación similar al alta en la Seguridad Social (tener, por tanto, menos de la edad legal de jubilación) y tener cotizados, al menos, 1.800 días en los últimos 10 años si deriva de una enfermedad o accidente común, incluidos los 18 meses de Incapacidad temporal. No se exige período previo de cotización,si la incapacidad deriva de accidente -sea o no laboral- o de enfermedad profesional.

Su cuantía es una indemnización única de 24 mensualidades de la base reguladora, compatible con cualquier otra actividad laboral. La base reguladora es la de la incapacidad temporal. Si deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional tendrá en cuenta, además, el salario diario más pagas, horas extras y pluses.

Si la incapacidad parcial no afecta al rendimiento del trabajador en su puesto de trabajo, éste tiene derecho a su reincorporación en la empresa.

Igualmente, si un trabajador recupera su total capacidad para su profesión habitual, tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo originario, siempre que no hayan transcurrido más de tres años en situación de incapacidad permanente. La reincorporación a la empresa deberá hacerse tras la efectiva comunicación a la misma y a los representantes de los trabajadores.

  • Incapacidad permanente total para la profesión. Existen dos tipos: habitual y cualificada. Habitual.-  Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión, pero que le permite dedicarse a otra distinta. La incapacidad es total si las tareas básicas del oficio habitual no se pueden seguir realizando con un mínimo de profesionalidad y eficacia, o el hacerlas genera, como consecuencia de las lesiones  residuales, riesgos adicionales y superpuestos a los normales del oficio, o implican el sometimiento del afectado a una continua situación de sufrimiento en su trabajo cotidiano.

Cualificada.- Es aquella en que, además, concurren en el trabajador circunstancias adicionales derivadas de su edad, falta de preparación general o especializada, u otras circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia que presuponen que difícilmente podrá obtener un nuevo empleo.

Respecto a los requisitos exigidos, habrá que tener menos de la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada y, además, necesitaremos un período previo de cotización, si la incapacidad deriva de enfermedad común. El período de cotización exigido varía en función de la edad del interesado:

Si es menor de 31 años de edad:

-          Período genérico de cotización: la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante.

-          Período específico de cotización: no se exige.

Si tiene 31 o más años de edad:

-        Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.

-        Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible debe estar comprendido:

  • En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o
  • En los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará, igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico exigible, causen la pensión desde una situación de alta, con obligación de cotizar cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar.

No se tendrán en cuenta, a estos efectos, las fracciones de edad inferiores a 6 meses; si son superiores, se consideran equivalentes a medio año. Los períodos de cotización resultantes serán objeto de redondeo, despreciándose, en su caso, las fracciones de mes.

La cuantía de la pensión de IPT se obtiene de aplicar un porcentaje a la base reguladora (BR) que corresponda, según la causa que origine la incapacidad.

Si deriva de enfermedad común, la cuantía de la pensión  no podrá resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, vigente en cada momento.

-          Norma general:

55% de la base de regulación. Se podrá llegar al 75% para los mayores de 55 años cuando, por su falta de preparación general o especializada y otras circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual.

-          En los casos en que el trabajador, con 65 o más años, acceda a la pensión de IPT derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación:

El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido en cada momento para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la BR correspondiente.

-          En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación aumentará, según la gravedad, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.

No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

  • Incapacidad permanente absoluta.- Es la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Esta ausencia de habilidad se trata de la pérdida de la aptitud psico-física necesaria para poder desarrollar una profesión en condiciones de rentabilidad empresarial.

Los requisitos serían idénticos a los de la permanente total y su cuantía sería el 100% de la base reguladora, con los mismos requisitos que en la incapacidad permanente total.

  • La gran invalidez.- Se entiende por tal la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida tales como vestirse, desplazarse, comer…

Los requisitos son los mismos de la incapacidad permanente total. Su cuantía es el 150% de la base reguladora o, a petición del afectado, del 100% con alojamiento y cuidado a cargo de la Seguridad Social. La base reguladora sigue los criterios de la permanente total.

Cómo solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad

Deberá rellenarse una solicitud, acompañada de la documentación médica pertinente, que podrá ser presentada personalmente o por representante, o por correo en cualquiera de las  oficinas de registro establecidas a tal efecto por los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión, o Direcciones Provinciales del IMSERSO en el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como en los Servicios Centrales de esta Entidad Gestora de la Seguridad Social. En algunas Comunidades será necesario el pago de una tasa por este servicio.

También podrá presentarse en las llamadas “Ventanillas Únicas” o en aquellas oficinas de registro habilitadas en las sedes de las distintas Delegaciones del Gobierno, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos.

Tras la presentación, se pasará un reconocimiento médico por el equipo de valoración y se dará una resolución contra la que, en caso de ser negativa o no haber recibido en tres meses respuesta del órgano administrativo, se podrá interponer una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en un plazo a contar en 30 días desde la resolución negativa o en 30 días desde que pasó el plazo de los 3 meses desde el inicio del proceso sin contestación.

Cómo solicitar la incapacidad permanente

Deberá presentarse la solicitud con la documentación necesaria y esperar a que nos llamen para pasar el Tribunal Médico. Una vez pasado puede suceder:

A.- Que nos sea denegada, o que se produzca un silencio administrativo, casos en los que dispondremos de un plazo de 30 días hábiles para interponer una reclamación previa

B.- Que no estemos de acuerdo con el grado concedido (parcial, IPT, IPA), caso en que tendremos un plazo de 30 días hábiles para reclamación previa.

Si no contestan o no estiman la reclamación, tenemos 30 días hábiles para interposición de demanda judicial.

En caso de accidentes laborales, la Mutua de Accidentes remite informe para incapacidad laboral, si han quedado secuelas una vez agotadas las posibilidades terapéuticas, con las siguientes posibilidades:

A.- Denegación o silencio administrativo: plazo de 30 días hábiles para interponer una reclamación previa

B.- Que no estemos de acuerdo con el grado concedido (parcial, IPT, IPA): plazo de 30 días hábiles para reclamación previa.

Si no contestan o no estiman la reclamación, tenemos 30 días hábiles para interposición de demanda judicial.